Despenalización del aborto en debate en el Senado de Uruguay.
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Por un voto de diferencia, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del 5 de noviembre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que permite a las mujeres “decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez” por situaciones de pobreza extrema, familiares o de edad, así como por motivos de salud, malformaciones del feto o que esté en peligro la vida de la madre.
Sin embargo, la ley —aprobada por 49 votos a favor y 48 en contra— deberá retornar al Senado al haber sido rechazado uno de sus artículos que establece que “los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables” por considerarlo como una imposición.
El Senado, que ya había aprobado la ley en noviembre del 2007, deberá decidir si acepta o no los cambios formulados por la Cámara de Diputados. En caso de que los acepte, la decisión final estará en manos del presidente Tabaré Vázquez, quien ha adelantado que, como médico, vetará la norma.
El aborto es considerado delito desde 1938. La pena puede ser atenuada o eximida por un juez ante causales como angustia económica, riesgo de la vida de la mujer, violación sexual y honor de la familia, y en caso que el procedimiento haya sido realizado por un médico dentro de los tres meses de gestación.
Según la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que defiende la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, “los años de vigencia de esta ley, han demostrado su ineficacia, en la medida que nunca se implementaron las condiciones para habilitar el acceso a servicios que practicaran abortos dentro de las causales establecidas… Esta ley punitiva lo único que ha generado y promovido es la práctica clandestina, realizada en condiciones de riesgo, lo que impacta sobre la salud y la vida de las mujeres”.
MYSU afirma que cada 20 minutos se realiza un aborto clandestino en Uruguay, y 40% de las uruguayas han abortado al menos una vez en sus vidas.
A diferencia de la Iglesia Católica, que a través del arzobispo de Montevideo, Mons. Nicolás Cotugno, amenazó con la excomunión “ipso facto” de los legisladores que votaran a favor de la ley, la Iglesia Metodista emitió un comunicado en el que señala que aunque no está a favor del aborto, “respeta y acompaña el derecho de la mujer a decidir. Nuestra Iglesia no pretende ser juez en una decisión humanamente difícil, sino acompañar a la madre en medio de su decisión”.
“Creemos que lo más importante en este proceso, es buscar por todos los medios, poner al alcance de las mujeres y parejas, los instrumentos necesarios que conduzcan a una maternidad/paternidad responsable y así evitar llegar a un embarazo no deseado. Para esto el rol de la educación es fundamental llevando a cabo una propuesta constante de valores basados en el efecto y en la dignidad de cada persona, cosa inherente a todos y todas que emana del mensaje de Jesucristo”, dice el comunicado.
Fuente: Noticias Aliadas.
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